Bolivia clausura el año escolar sin política educativa

5 de agosto de 2020

La decisión del gobierno transitorio de Jeanine Añez, de clausurar el año escolar, es el reconocimiento del fracaso de su improvisación. En el país no hubo una política educativa adecuada a las condiciones de la pandemia. Al contrario, el gobierno tomó decisiones arbitrarias e ilegales sin el consenso de los sectores educativos.

Tan pronto como se decretó la cuarentena, en marzo, el Ministro de Educación transitorio comenzó con la mala gestión educativa. Estuvo tres meses sin decir una palabra de cómo salir adelante, dejando a los maestros y profesores en un limbo que los obligó a generar sus propias didácticas y contenidos en el nuevo esquema. Si las y los niños bolivianos tuvieron algo de educación estos meses fue por el esfuerzo de la comunidad educativa, no de la dirigencia política.

Después, se emitió el Decreto 4260, promocionado por el ministro Víctor Hugo Cárdenas como “un momento de refundación del Sistema Educativo”, el cual fue rechazado por las organizaciones del magisterio y padres de familia debido a que no establece ningún presupuesto que garantice la ejecución de las modalidades que plantea, y genera una abierta exclusión de más del 50% de los estudiantes del país.

Ante el evidente fracaso de la instrumentación de ese decreto, el gobierno decidió clausurar el año escolar, medida sólo vista en la historia boliviana en el año 1969, cuando gobernaba la dictadura de Rene Barrientos Ortuño y el Ministro de Educación era el dictador Hugo Banzer Suarez.

También está claro que el gobierno intenta desmovilizar al magisterio y a los padres de familia que siguen intentando métodos para que los niños accedan a su derecho a la educación y siguen reclamando a las autoridades que cumplan con lo que la Constitución les obliga.

La principal causa de este colapso es la falta de legitimidad de este gobierno. La crisis sin precedentes que afecta lo social, lo económico, lo sanitario y lo educativo no puede ser resuelta por un gobierno ilegítimo, sino por un gobierno con consenso popular y con pleno funcionamiento de las instituciones democráticas.