Detrás de la persecución a la Defensora del Pueblo se ocultan negociados y delitos

31 de julio de 2020

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, anunció que iniciará un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez si sus ministros siguen rehusando informar sobre cuestiones vinculadas a la gestión, como el Covid-19, los pueblos indígenas y el hacinamiento carcelario.

La reacción de la Defensora se da en la misma jornada en la que el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, formalizó un proceso en su contra, por la presunta comisión de los delitos de prolongación y usurpación de funciones ya que, a su criterio, ejerce de forma “ilegal” las funciones en esa institución.

Resultaría irónico si no fuera tan dramático para el pueblo que un gobierno denominado transitorio y que, sin legitimidad, busca prolongar su mandato en contra incluso de lo acordado en el Parlamento, acuse a Cruz de “prolongación de funciones”.

De lo que no hay ninguna duda es del hecho de que la Defensora del Pueblo molesta al Gobierno transitorio. No hay nada más lógico y natural en las funciones de la Defensoría del Pueblo que solicitar informes a las autoridades. El hecho de que no respondan es desacato, pero el hecho de que amenacen con procesar a su titular o desconozcan su autoridad, es un indicio muy sospechoso de ocultamiento de datos de interés público.

En una conferencia de prensa, Cruz informó que se presentó una denuncia penal contra el ministro Núñez y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, a quienes acusó de persecución y amedrentamiento.

Ambas autoridades desconocieron públicamente a la Defensora del Pueblo bajo el argumento de que su nombramiento fue sólo por 90 días, tiempo que ya habría terminado y, por tanto, anunciaron que devolverán todas las solicitudes de información.

Cruz llegó al cargo tras la renuncia de David Tezanos-Pinto, fue nombrada en el cargo de manera interina por la Asamblea Legislativa conforme a los lineamientos establecidos en la Ley 870 del Defensor del Pueblo, que señala que ante la ausencia del titular se designará a un interino de entre los delegados defensoriales adjuntos habilitados, “en tanto se realice un nuevo proceso de elección, selección y designación”.

En un país en el que se vienen postergando las elecciones para presidente, ese proceso de selección, lógicamente, todavía no se llevó a cabo. Pero está vigente una Medida Cautelar en favor de Cruz y del delegado defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que entre otras consideraciones garantiza el ejercicio de las funciones de los cautelados.