Improvisación de políticas sociales hacen peligrar la educación en Bolivia

27 de junio de 2020

Al llegar casi al séptimo mes de este año, la educación en Bolivia se ve seriamente comprometida ante la improvisación y falta de políticas por parte del Gobierno transitorio de Jeanine Añez y principalmente del ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, quien hasta la fecha no reglamentó las clases virtuales en el país y el pago de pensiones escolares.

Al momento que surgió la pandemia el Gobierno no presentó ningún plan de acción inmediata, dejando en el limbo la conclusión de los estudios a casi tres millones de niños y jóvenes de los distintos niveles en las unidades educativas fiscales, privadas y de convenio.

El pasado 6 de junio, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 4260 que regula la implementación de las clases virtuales en el país. Sin embargo, la medida no fue bien aceptada por los docentes y los representantes de las madres y padres de familia, ya que la norma no es clara ni especifica cómo se debe realizar el procedimiento, la calificación y la educación.

“El decreto que fue emitido por el Gobierno nos dejó con sabor a poco. Esperamos con tantas ansias esta norma para de una vez entrar a clases, pero con mucha pena vemos que no tiene nada novedoso. Es una lástima saber que esperamos casi tres meses por una norma que sólo legaliza la educación virtual, ahora debemos esperar  30 días más por un reglamento”, dijo  el secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos Bladimir Laura.

El presidente de la Junta Nacional de Madres y Padres de Familia de Bolivia, Pablo Diez Jiménez, calificó esta norma como “un atentado a la educación” porque este “decreto no tiene un reglamento específico para la educación regular”. “No indica cuál será el currículo en educación virtual, no fija  el tiempo para que los estudiantes se queden frente a una computadora o a un celular, menos establece cómo será el proceso de evaluación”, sostuvo.

Mientras tanto, otra duda que queda al aire es el pago de pensiones. Los problemas se suscitan entre las unidades educativas, especialmente privados, y los padres de familia, siendo que los primeros no quieren bajar las pensiones debido a que se firmó un contrato, mientras que los segundos explican que no se está dando una educación de calidad.

Pese a estos roces, no existe un pronunciamiento oficial por parte de Cárdenas, quien se limitó a decir que los pagos serán analizados y deben ser consensuados entre partes, lo que aumenta la tensión entre directores y padres de familia.

En rechazo a las medidas inoportunas, incompletas e inconsultas, el magisterio rural inició una huelga de hambre, con un pliego de demandas que incluyen estas problemáticas y también la renuncia del Ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. Los maestros rurales anuncian que masificarán y radicalizarán la medida.

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