7 meses de acoso a la embajada mexicana en Bolivia

19 de junio de 2020

El conflicto diplomático más grande de Bolivia cumplió siete meses, al continuar el asedio a la residencia de la embajada de México en la ciudad de La Paz, donde siete ex autoridades gubernamentales permanecen asiladas, porque el gobierno transitorio les sigue negando el salvoconducto para irse del país ante el peligro que corren sus vidas.

Quienes se encuentran cumpliendo esta virtual prisión sin condena son el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana Taborga, ex ministro de Defensa, Javier Zavaleta, el ex ministro de Gobierno, Hugo Moldiz Mercado, el ex ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, la ex ministra de Culturas, Wilma Alanoca Mamani, el ex gobernador del Departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, y el ex director de Agencia de Tecnologías de Información, Nicolás Laguna.

Reciben amenazas de muerte, como de parte del ministro Arturo Murillo, quien dijo al jurar en su cargo:  “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana”, entre otros. También persiguen y violentan a sus familiares y saquean sus viviendas. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, 200 policías amenazaron – nuevamente – con entrar a la residencia por la fuerza.

“El día de hoy se registró un movimiento policial inusual en los alrededores de la Residencia de México en Bolivia. Después de conversar con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes aseguraron la integridad del recinto conforme al Derecho Internacional, la policía se retiró”, tuitearon, el 14 de junio pasado, desde la cuenta oficial de la embajada de México en Bolivia, para alertar al mundo sobre la situación de peligro que estaban viviendo.

Según el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con validez tanto para Bolivia como México, “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”, siendo la propiedad en cuestión suelo mexicano para la ley internacional. La situación también viola la Convención de Viena.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a un mes del asilo “entregar los salvoconductos a las personas que se encuentran asiladas en las embajadas de México y Argentina, o en otras sedes diplomáticas, para que así puedan ejercer su derecho humano a obtener asilo y refugio, en forma tal que no se fragmenten sus respectivos núcleos familiares”, pedido sin respuestas del gobierno transitorio hasta el día de hoy.

Antecedentes internacionales de la región similares fueron el asilo político de tres años en la embajada mexicana en Argentina al ex presidente Héctor Cámpora (lo que le causó luego la muerte por falta de asistencia médica) o el asilo político en Perú a Víctor Raúl Haya de la Torre en la embajada colombiana, en 1950.

[Foto: Luis Gandarillas/AP]

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