¿Despedir docentes durante la pandemia?

28 de mayo de 2020

La educación formal no solo es una política de inclusión y de mejora social, sino que, en este contexto de cuarentena, es la primera contención para jóvenes, niños y niñas. Es una herramienta fundamental para mantener a la población protegida del contagio y para evaluar colectivamente la evolución de la salud pública. Pese a ello, el gobierno transitorio de Jeanine Áñez ha decidido despedir a unos 500 maestras y maestros, agravando, de paso, los problemas de ingresos de otras tantas familias en plena crisis.

Con este debilitamiento del gremio docente, el neoliberalismo de Áñez le pega un nuevo golpe a lo público: la intención del bloque de poder que ella representa busca desprestigiar a la educación estatal para fortalecer el modelo de educación privada.

La ausencia de un plan inclusivo y participativo lo delata. En las páginas del Ministerio de Educación no hay ni una sola idea para que los docentes desarrollen en clase, no hay una directiva ni sugerencia de planeamiento, ni siquiera una propuesta de recreación. Pero lo que sí aparece muy bien destacados son los videos de capacitación para docentes junto a las multinacionales de internet y telecomunicaciones que tienen una lógica contraria a los procesos de formación continua que trabajosamente se diseñaron durante los últimos 14 años.

Al respecto, las y los docentes han tomado en sus manos la formación especial para enfrentar la pandemia con herramientas tecnológicas, en vista de la falta de interés del gobierno nacional.

Si toda la apuesta del gobierno nacional en materia educativa es a través de internet, ¿cómo no está promulgada ya la gratuidad de internet para la educación?

A todo esto se le suma la falta de un plan de contingencia para los sectores rurales que no tienen acceso a internet. Y por supuesto, le sigue faltando un plan de retorno a las aulas. 

Además del ideologismo oculto tras los despidos docentes está también el golpe económico que la medida provoca en las familias de las y los trabajadores despedidos. El gobierno se contradice una vez más, ya que el Ministerio de Trabajo prohibió meses atrás los despidos injustificados de trabajadores en el sector público y privado.

La vuelta entera de la contradicción surge cuando la página del ministerio se enorgullece de la cantidad de beneficiados por el Bono Familia, pero le quita el salario a trabajadores públicos.

La democratización de la educación ha costado mucho al Estado boliviano y es uno de los factores de desarrollo social privilegiados. Es la única manera de garantizar la mejora de la economía y la salud de las mayorías. Un proyecto popular y estatal con énfasis en lo público debe recuperar las riendas de la educación boliviana.