El acoso a los asilados en la embajada de México

18 de marzo de 2020

A poco más de 4 meses desde el golpe de Estado al entonces presidente Evo Morales en Bolivia el 10 de noviembre de 2019, permanecen asilados en la residencia de la embajada de México siete ciudadanos bolivianos, en un barrio sureño de La Paz, quienes cumplen una virtual prisión sin condena.

Los siete asilados son asediados desde la calle por policías y grupos parapoliciales, con carpas improvisadas en la calle con guardias y rondas ruidosas de motos que amenazan con ingresar a la sede diplomática. Todo esto fue realizado con el aval de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, puesta en el poder luego del golpe, que hasta logró que removieran a la embajadora mexicana en Bolivia, Teresa Mercado, quien también fue víctima del acoso policial y parapolicial en donde residía en La Paz.

Ante el conflicto diplomático entre países, por este tema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo sentirse satisfecho con el trabajo que realizó Mercado como embajadora en Bolivia. Sobre la actitud del gobierno transitorio de Áñez, expresó que “no vamos a caer en ninguna provocación” y que lo realizado por la funcionaria fue “defender nuestros principios de política exterior”. “Si nosotros entregamos a estas personas, estaríamos acabando con el derecho de asilo que para México es sagrado, es parte del derecho internacional”, completó Obrador. El conflicto diplomático llegó también a las relaciones con España, dos países con buenos lazos históricos con Bolivia.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Los asilados en la sede diplomática en La Paz son: Juan Ramón Quintana, quien se desempeñaba como ministro de Presidencia, y quien fue acusado por el gobierno de Áñez de sedición y terrorismo; Javier Zavaleta López, ex ministro de Defensa; Héctor Arce Zaconeta, ex ministro de Justicia; Wilma Alanoca, ex ministra de Culturas; Hugo Moldiz, ex ministro de Gobierno; Víctor Hugo Vásquez Mamani, ex gobernador del departamento de Oruro; y Nicolás Laguna, ex director de la Agencia de Gobierno Electrónico Tecnologías de la Información e Comunicación (AGETIC).

Por lo pronto, se trata de una situación inédita para el derecho internacional, ya que los los ciudadanos bolivianos podrían irse del país, pero el gobierno de Áñez les niega lo que se llama coloquialmente “salvoconducto”, que es la posibilidad de que se les garantice un corredor seguro mediante el cual viajar a un país que los asile bajo normativas internaciones de protección a asilados políticos.

El salvoconducto auspiciado por el entonces presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, entre otros, fue lo que salvó la vida de Evo Morales, y otro salvoconducto salvó también al actual candidato a la presidencia de Bolivia por el MAS en las elecciones del próximo 3 de mayo, Luis Arce. Ambos, por diferentes caminos y diferentes circunstancias, pudieron llegar a México. Evo luego pidió asilo en Argentina, donde hoy es refugiado, y Arce se encuentra haciendo campaña en Bolivia.

Sedición y terrorismo son las acusaciones más comunes que el actual régimen usa para perseguir a los dirigentes del MAS, delitos que se sancionan con 30 años de prisión. Por su parte, desde el MAS reclaman “respeto a la Convención de Viena y al Pacto de Bogotá” en la materia.

“Lamentablemente en Bolivia, sigue la persecución. Se liberan a los delincuentes pero se persiguen, se detienen, se encarcelan los inocentes”, dijo Evo al respecto el 10 de febrero pasado en el Konex, en Buenos Aires, en un recital de la banda musical “Arbolito” que lo invitó a hablar. Al respecto, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ex presidenta de Chile, Michel Bachelet, informó en la ONU el 27 de febrero pasado que “la crisis postelectoral del año pasado causó al menos 35 muertes y 800 heridos, la mayoría ocurridas durante operaciones del Ejército y la Policía”, al abrir con su exposición las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de este organismo internacional, donde denunció también que son perseguidos los altos cargos y personas de confianza de Morales, actualmente perseguidos por la Justicia, acusados de delitos de “sedición” y “terrorismo”.